|
“Ciertamente, aquellos que han sido detenidos por inmigración y
no cuentan con antecedentes penales o representan una amenaza
para la seguridad pública, pueden entrar en un proceso de orden
de supervisión el cual les permitirá quedarse en el país y
obtener un permiso de trabajo. Sin embargo, esto aplica
únicamente para las personas que tienen una orden finalizada de
deportación”, comentó la abogada Puerta, quien se encuentra
bastante preocupada por el abuso de que están siendo objeto los
inmigrantes por parte de notarios que recomiendan entregarse a
las autoridades para recibir este supuesto beneficio. Por lo
que recomienda mantenerse informado y en caso de ser necesario,
acudir con un abogado para obtener la asesoría correspondiente.
“Hay mucha gente desesperada por su situación migratoria que se
deja llevar fácilmente por consejos erróneos; pero siempre hay
que averiguar bien antes de realizar cualquier acción y dañar
todavía más su situación en el país”, agregó.
Marielo Puerta explicó que con el cambio en las políticas de
inmigración, los abogados se encuentran trabajando arduamente
para demostrar a las autoridades que aunque pueden poner a una
persona en proceso de portación, no necesariamente deben
deportarlo. “Hay gente que vive aquí desde su infancia, o tal
vez con familiares enfermos, estudiantes, veteranos, etc. que no
tienen ningún delito más que el haber sido detenidos cuando se
encontraban en el lugar y en el momento equivocado; es decir,
cuando migración arrestaba a alguien con antecedentes penales,
bajo el programa de Comunidades Seguras”.
Todas estas personas, ahora pueden presentar pruebas que
demuestren su buen historial. En base a ello, las autoridades de
inmigración determinarán si se debe deportar o entrar en orden
de supervisión. “Son como 19 criterios que se están tomando en
cuenta para emitir un resultado. Es importante mencionar que
actualmente hay tantos casos de deportación pendientes, que la
corte ya tiene citas hasta el 2013, por lo que se está pidiendo
que nada más se enfoquen en aquellos con historial delictivo
para de esa manera, poder desahogar un poco la tan apretada
agenda”.
Si se logra demostrar a las autoridades de inmigración que una
persona es elegible para quedarse en el país y entrar en la
orden de supervisión, se cancela la corte.
La abogada ha sido testigo de varios casos en donde las
autoridades han permitido a los inmigrantes continuar con su
vida en este país. “El caso de cada persona es muy particular,
algunas son madres solteras con hijos ciudadanos
estadounidenses; otros tienen alguna enfermedad; en fin, las
situaciones son muy diversas y lo más importante es presentar
todas las pruebas necesarias para obtener la aprobación de
inmigración y poder contar con el permiso de trabajo, bajo como
su nombre lo indica, una orden de supervisión”.
Cabe destacar que con el programa de Comunidades Seguras fueron
deportadas durante el año fiscal del 2010, poco más de 392 mil
inmigrantes y de ellos 195 mil (49.5%) tenían antecedentes
criminales. La cifra de expulsados fue la mayor en la historia,
de acuerdo con información del Departamento de Seguridad
Nacional (DHS).
Con los presentes cambios en la política de inmigración de
Obama, los grupos proinmigrantes se encuentran reuniendo todos
los esfuerzos para cancelar el programa de Comunidades Seguras,
el cual generó todo este ambiente de intimidación y crecimiento
del racismo antiinmigrante.
Se espera que con esta revisión, los departamentos de Seguridad
Interna y Justicia centren sus recursos en la deportación de
extranjeros criminales u otros que representan una amenaza a la
seguridad pública o nacional, han violado repetidamente la ley,
ingresaron recientemente de forma ilegal por la frontera o son
fugitivos de inmigración.
Por otra parte y para finalizar, la abogada recordó que aunque
este año ya terminó el número de Visas U que se les entrega a
las víctimas de violencia doméstica, el programa continúa y es
importante denunciar al agresor. “Aunque parezca increíble, en
nuestra comunidad hispana hay un alto número de violencia y
muchas veces la víctima no conoce sus derechos. El hecho de ser
ilegal no le impide llamar a la policía para protegerse y se
detenga al atacante. De hecho, si la victima coopera con las
autoridades, puede recibir apoyo para el patrocinio de la Visa
U, lo cual es un poco difícil de conseguir, no cualquier policía
en este momento se presta a cooperar. Sin embargo, no siempre
pasa eso y por fortuna nos encontramos con muchas autoridades
muy solidarias, simplemente hay que trabajar en ello”.
Puerta indicó que muchos casos de violencia van acompañados del
alcoholismo, por lo que recomienda tener cuidado al tomar y si
es necesario, pedir ayuda o acudir a grupos de apoyo, antes de
que sea demasiado tarde.
|
